La ONU busca coordinar las normas globales sobre inteligencia artificial para evitar riesgos y fragmentación
La gobernanza mundial de la IA está fragmentada y deja riesgos sin control; un foro global de la ONU ayudaría a fijar mínimos comunes y evitar daños transfronterizos.
Resumen del artículo publicado en adalovelaceinstitute.org y recomendado por Digital Skills Institute el 27 de agosto de 2026.
Los sistemas de IA rechazados en un país por sus riesgos para los derechos humanos ya pueden desplegarse en otros lugares con protecciones más débiles o con menor capacidad de control. Esa posibilidad, descrita como arbitraje regulatorio, resume uno de los problemas centrales de la gobernanza actual de la inteligencia artificial: las normas avanzan, pero lo hacen de forma fragmentada, desigual y con efectos que cruzan fronteras. La consecuencia es una combinación de riesgos para las personas, costes para las empresas, menor margen político para los Estados y más dificultades para prevenir daños.
Durante los últimos años se han multiplicado las iniciativas sobre gobernanza de la IA. Algunos grupos de Estados han aprobado recomendaciones, declaraciones, códigos de conducta y guías voluntarias, como la recomendación de la OCDE sobre inteligencia artificial o los principios del proceso del G7 en Hiroshima para desarrolladores de IA avanzada. La serie de cumbres sobre IA iniciada en Bletchley y continuada en Seúl, París y Nueva Delhi también ha producido declaraciones gubernamentales y compromisos voluntarios por parte de empresas. A escala regional han aparecido marcos con obligaciones jurídicas, como el Reglamento de IA de la Unión Europea o el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre IA, junto con estrategias e instrumentos impulsados en África, el Sudeste Asiático y América Latina.
Ninguna de esas iniciativas cubre por sí sola el vacío estructural existente. Muchas cumplen funciones necesarias dentro de sus ámbitos, pero no cuentan con una participación universal ni con un mandato capaz de fijar expectativas mínimas aplicables a todos los Estados. Las Naciones Unidas sí disponen de esa legitimidad inclusiva: reúnen a 193 Estados miembros y ya han demostrado capacidad para generar consensos sobre IA. La recomendación ética aprobada en la UNESCO en 2021 contó con el respaldo de sus 194 miembros, y dos resoluciones no vinculantes sobre inteligencia artificial adoptadas por la Asamblea General en 2024 fueron aprobadas por consenso.
La fragmentación tiene costes económicos directos. Las compañías que operan en varios países se enfrentan a requisitos nacionales o regionales difíciles de compatibilizar, lo que eleva los gastos de cumplimiento y limita el acceso a mercados. Esta carga afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas. A medida que solo las grandes compañías pueden absorber esos costes, aumenta el riesgo de consolidar la posición dominante de actores ya establecidos, en especial en torno a los grandes modelos lingüísticos, y se reduce la capacidad global y nacional para innovar.
También existe un riesgo creciente para las infraestructuras críticas y los servicios esenciales. Muchos sistemas digitales dependen cada vez más de herramientas basadas en IA, pero faltan mecanismos interoperables para identificar, evaluar y comunicar riesgos transfronterizos relacionados con la seguridad. Una tecnología insegura desplegada en cualquier parte del mundo puede facilitar ciberataques o fallos que afecten a otros países. La Declaración de Bletchley reconoce algunos peligros asociados a modelos avanzados, aunque solo fue firmada por 28 Estados miembros de Naciones Unidas.
La cooperación internacional resulta especialmente urgente porque las normas tecnológicas son cada vez más difíciles de establecer cuando las prácticas ya se han consolidado. Si cada Estado optimiza sus decisiones según sus propios intereses militares, económicos o estratégicos, puede intensificarse una carrera por el dominio tecnológico con mayores probabilidades de errores irreversibles. La desconfianza pública también aumenta cuando se percibe que los gobiernos no logran proteger derechos frente a empresas poco sometidas a control.
El Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA se plantea como un foro permanente capaz de conectar procesos existentes sin sustituirlos. Sus tareas podrían incluir alinear expectativas compartidas sobre usos inaceptables de la IA, intercambiar experiencias sobre impactos laborales, ambientales o sociales, reforzar estándares comunes sobre transparencia y evaluación técnica, e impulsar mecanismos compartidos de evidencia, seguimiento y revisión. La participación pública significativa y una base científica independiente permitirían construir normas más legítimas antes de que la arquitectura global quede fijada por decisiones parciales tomadas fuera del alcance de muchos países.
